Bogotá . - La
Procuraduría General de la Nación condena el asesinato de 7 líderes sociales y
defensores de tierras en esta primera semana de 2019, y reitera su llamado al
Gobierno Nacional para que convoque de manera urgente la Comisión Nacional de
Garantías de Seguridad y junto con la sociedad civil y las organizaciones
sociales que allí tienen asiento, se evalúen las amenazas y las acciones a
tomar.
“Es inaudito e inadmisible que
ante el llamado de los líderes en las regiones este baño de sangre no se
detenga y que los 11 compromisos del Pacto por la Vida y la Protección de
Líderes Sociales y Personas Defensoras de Derechos Humanos, suscrito el pasado
23 de agosto en Apartadó – Antioquia, sigan sin cumplirse”, advierte el
Procurador, Fernando Carrillo Flórez, para quien es claro “el fracaso de los
esquemas de protección personal y la necesidad de un cambio de fondo, más allá
de la retórica y las buenas intenciones”.
El ente de control conmina al
Gobierno Nacional y a los organismos de protección e investigación a adoptar
medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país, y que permitan
identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la
defensa de los derechos humanos y colectivos.
Para el Ministerio Público la
prioridad en la adopción y puesta en marcha de medidas encaminadas a la
efectividad de una protección colectiva, y la pronta judicialización de los
homicidios ocurridos en los últimos años, constituyen una ruta eficaz en la
protección de los líderes sociales y su ejercicio en defensa los derechos
humanos de todos los ciudadanos.
Lamenta que al término de 2018 no
se lograran alcanzar las metas en la reducción de atentados contra la vida de
líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y
defensoras de derechos humanos, y que el país siga sin contar con una fuente
que centralice y valide las cifras de esta tragedia nacional.
Según cifras de la Policía
Nacional en 2018 las víctimas de estos asesinatos llegaron a 78, para el
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo de fueron 164 (153
hombres y 11 mujeres), y para
organizaciones sociales como Marcha Patriótica los crímenes llegaron a los 252.
En lo que tiene que ver con
víctimas de los pueblos étnicos, la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento –CODHES- elaboró una línea de tiempo desde la firma del Acuerdo
de Paz en Colombia, que identificó más de 350 líderes y lideresas sociales
asesinados. Sólo en 2018 el reporte fue de 53 líderes sociales étnicos
asesinados (20 afrodescendientes y 33 indígenas).
Informes de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH, señalan
que entre noviembre de 2016 y el 26 de diciembre de 2018 (fecha de publicación
del informe al Secretario General por parte de la Misión de Verificación de las
NNUU en Colombia), reportan 454 casos, de los cuales 163 fueron verificados por
la misión en Colombia.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario