traban inmersos en la Ley de Justicia y Paz.El primer magistrado dijo: “Esta madrugada fue extraditado un grupo de ciudadanos porque algunos de ellos habían reincidido en el delito después de su sometimiento a la Ley de Justicia y Paz, otros no cooperaban debidamente con la justicia y todos incumplían con la reparación de las víctimas al ocultar bienes o demorar su entrega”.
El Gobierno debe mantener la facultad de postular y revocar postulaciones a la Ley de Justicia y Paz. También el Gobierno debe mantener la facultad de apreciar si una persona beneficiada con la suspensión de envío en extradición ha cumplido o incumplido con las condiciones exigidas.
Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno.
Lo anterior, por la profunda relación tanto de la Ley de Justicia y Paz como de la extradición con el orden público, cuya recuperación y mantenimiento es responsabilidad primordial del Gobierno.
Es en este Gobierno cuando por primera vez se ha exigido a las personas vinculadas a un proceso de paz que digan la verdad y entreguen su riqueza para reparar a las víctimas.
La verdad tiene que ser simple y oportuna. La verdad manipulada deja de ser verdad. La verdad tiene que decirse sin cálculos en el tiempo, sin dilaciones.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que el Estado y el Pueblo de Colombia puedan enviar representantes a los juicios que se adelanten en aquel país a fin de continuar en la búsqueda de la verdad; la verdad sobre los delitos investigados, cometidos en su mayoría antes de este Gobierno; la verdad sobre los procesos en curso propiciados por la firmeza de nuestra política de seguridad.
Además, los acuerdos de cooperación judicial con los Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos con estos puntos.
El Gobierno ha pedido, y los Estados Unidos han aceptado, que la riqueza que las personas extraditadas entreguen por acuerdos con jueces de ese país se dedique a reparar a las víctimas colombianas. Nada se opone a que la reparación moral se lleve a cabo desde los Estados Unidos.
El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado.
El Gobierno considera que esta decisión es garantía para la reparación de las víctimas, contribuye a la verdad sin deformaciones, es una advertencia a todas las personas sometidas a la Ley de Justicia y Paz, establece un antecedente para futuros procesos de paz y notifica que la ley tiene que ser respetada y el terrorismo superado.
La Seguridad Democrática y la Ley de Justicia y Paz han reducido enormemente la violencia en el país. Por eso no se puede proceder con debilidad frente a la reincidencia en el asesinato u otros delitos.
A la fecha se han desmovilizado 47.433 personas, han sido postuladas para la Ley de Justicia y Paz 3.284, y 639 de ellas, que pertenecieron a anteriores grupos paramilitares, se encuentran en la cárcel.
La Procuraduría ha aceptado acompañar un procedimiento que aplicará la Fiscalía para resolver la situación jurídica de 19.377 integrantes de antiguas organizaciones paramilitares que hacen parte del grupo de desmovilizados
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