BOGOTA . - En primera audiencia pública de seguimiento a la implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia, la Procuraduría General de la Nación observó que las distintas entidades involucradas en su aplicación avanzan de manera positiva hacia la concepción de una visión de país que garantice y restablezca de manera efectiva los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
Por ello el Procurador General de la Nación insiste en la necesidad de un compromiso de todas las entidades y organismos del Estado para que se oriente todos los esfuerzos y concepción de la política pública pensando siempre en el presente: la infancia y la adolescencia.
Cabe destacar los avances por parte del Ministerio de Educación, de la Protección; Comunicaciones, Ambiente Vivienda y Desarrollo, Interior y de Justicia, Cultura, Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer; Alta Consejería para la acción Social, Superintendencia de Notariado y Registro, Registraduría Nacional ICBF, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisión Nacional de Televisión, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; Instituto Nacional de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Defensoría del Pueblo, Alcaldía Mayor de Bogotá; en temas como Primera Infancia, educación, salud, registro civil, nutrición, vivienda digna, entre otros.
El Departamento Nacional de Planeación presentó informe de seguimiento a programas y proyectos de inversión en infancia y adolescencia de las entidades gubernamentales del orden nacional para la garantía y restablecimiento de derechos de 18 millones de colombianos que son los niños, niñas y adolescentes, por 4.1 billones de pesos que corresponde a recursos de la Nación.
Al respecto, el ministerio público invitó al Departamento Nacional de Planeación a que continué asumiendo los desafíos que implica la implementación de la Ley de Infancia y Adolescencia, especialmente el reto propuesto de generar y concertar instrumentos que permitan hacer seguimiento periódico, desde la programación hasta la asignación y ejecución física y financiera, y que guarde armonía con las normas generales de presupuesto.
La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República realizarán el análisis crítico de la información presentada por cada una de las instituciones quienes serán convocadas nuevamente para el análisis de los avances alcanzados en los primeros meses del próximo año.
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