Bogotá . - Mediante
una adición al contrato por valor de doce mil millones de pesos ($12.000.000.000)
se habría incurrido en celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos
legales. También se estableció un presunto peculado por apropiación en favor de
terceros por un valor aproximado a los seis mil quinientos millones de pesos (6.500
́000.000).
Por compulsa de copias que hizo
la Procuraduría General de la Nación en abril del presente año en la que fueron
relacionados 66 contratos suscritos entre Marketmedios-otros y entidades del
Estado, el fiscal de conocimiento determinó que existe mérito para investigar
contratos suscritos con:
Ministerio de Relaciones Exteriores
Findeter
Fondo Nacional del Ahorro
Ministerio de Relaciones
Exteriores
La Fiscalía General de la Nación
tomó la decisión de radicar escrito de imputación de cargos contra dos
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y un particular, por
presuntas irregularidades en la contratación de la organización de la VI Cumbre
de Las Américas que se cumplió en la ciudad de Cartagena entre el 9 y 15 de
abril de 2012.
La Fiscalía encontró que el 29 de
noviembre de 2011, fue suscrito un contrato por cuarenta y tres mil quinientos
millones de pesos ($43.500.000.00) con la Unión temporal Cumbre de Las Américas
para cumplir con las actividades logísticas y operativas para el desarrollo del
certamen diplomático.
La Unión Temporal Cumbre de Las
Américas Cartagena 2012, a la que fue otorgado el contrato, estaba conformada
por las empresas Aviatur, Gema Tours, Contacto SAS, Marketmedios Comunicaciones
S.A y Creativa Producciones. Cada uno de los integrantes del consorcio tenía
una participación accionaria del 20%.
Cuatro meses después, el 30 de
marzo de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores autorizó una adición
presupuestal por doce mil millones de pesos ($12.000.000.000). A juicio de la
Fiscalía, esta destinación configuraba un negocio nuevo y requería un proceso
de comparación de ofertas, de tal manera que habría una violación grave a los
principios de planeación, economía y eficiencia, y selección objetiva.
Además, la Fiscalia investiga si
el 50% de la suma adicionada fue usado para un doble pago de servicios de
salud, imprevistos y gastos generales, actividades que estaban cubiertas por el
contrato original. Los restantes seis mil millones de pesos ($6.000.000.000)
fueron destinados para la producción y transmisión de televisión.
La Fiscalía encontró que antes de
la licitación, el canal público RTVC ofreció a la Cancillería colombiana los
servicios de televisión por cuatro mil cuatrocientos noventa millones de pesos
($4.490.000.000); sin embargo, por este concepto fueron pagados siete mil
ochenta y ocho millones de pesos ($7.088.000.000) a La Unión Temporal Cumbre de
Las Américas Cartagena 2012, valor que salió indirectamente de la adición
presupuestal. Es decir, habría un sobrecosto de dos mil quinientos millones de
pesos ($2.500.000.000), respecto del ofrecimiento de RTVC.
Adicionalmente, se determinó que
tal como lo estableció una auditoría de la Contraloría General de la República,
los funcionarios de la Cancillería vinculados al proceso, presuntamente pagaron
sin soporte alguno más de cuatro mil millones de pesos ($4.000.000.000), cifra
que incrementaría el supuesto peculado a seis mil quinientos millones de pesos
($6.500.000.000).
Los indiciados son:
Araminta Beltrán Urrego,
directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Relaciones Exteriores
para la fecha de los hechos investigados. Será imputada por los delitos de
peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía.
Alexánder Potdevin Gutiérrez,
funcionario coordinador de privilegios e inmunidades de la Dirección de
Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores y supervisor del contrato. La
Fiscalía le imputará cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales
y peculado por apropiación en favor de terceros.
Antonio Porras Gutiérrez,
representante legal del consorcio Unión Temporal Cumbre de Las Américas
Cartagena 2012. Será imputado por contrato sin cumplimiento de requisitos
legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
En la misma fecha, el fiscal de
conocimiento compulsó copias de esta actuación a la Delegada ante la Corte
Suprema de Justicia para que asuma la investigación contra María Margarita
Salas Mejía, entonces secretaria general de la Cancillería, quien cuenta con
fuero constitucional, pues actualmente se desempeña como jefe de la misión
consular de la Embajada de Colombia en Madrid (España).
Las audiencias de imputación de
cargos fueron programadas por el centro de servicios del Complejo Judicial de
Paloquemao, para el 20 de febrero de 2018, en la ciudad de Bogotá.
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