Bogotá . - En
un operativo conjunto entre miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)
de la Fiscalía en Bogotá y la Seccional Valle del Cauca de la Fiscalía, fueron
capturados el alcalde de Buenaventura (Valle del Cauca), Bartolo Valencia
Ramos, un secretario del despacho, el exsecretario de Educación de la época y
cinco contratistas.
La operación se efectuó en el
puerto sobre el Pacífico, luego de que labores investigativas permitieran
establecer que al parecer ocurrieron irregularidades en la ejecución de seis
contratos suscritos el año 2012 para cubrir la insuficiencia educativa en esta
localidad vallecaucana.
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| Bartolo Valencia Ramos |
Según la Fiscalía, dichos contratos
habrían sido otorgados sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional
y habrían sido otorgados directamente; pero, a su vez, los contratistas
subcontrataron con instituciones educativas de las ellos hacían parte. El valor
de los contratos es de 3.070 millones de
pesos.
El Vicefiscal General, Jorge
Fernando Perdomo, manifestó que esta operación es “consecuencia de la
intervención que hicimos el año pasado en Buenaventura. De allí surgió la
denuncia por esta corrupción”.
El funcionario explicó que el CTI
hizo efectivas las capturas, luego de que un juez de control de garantías diera
las respectivas órdenes ante solicitud de la Fiscalía.
Los capturados quedaron a
disposición del fiscal del caso y serán trasladados a la ciudad de Guadalajara
de Buga (Valle del Cauca), donde se llevarán a cabo las audiencias preliminares
de legalización de capturas, formulación de cargos y solicitud de medida de
aseguramiento.
Perdomo dijo que para el año
2012, la Alcaldía de Buenaventura presentó un estudio donde decía que
aproximadamente 48 mil alumnos no tenían cupo en Buenaventura. Como
consecuencia de eso, el Ministerio de Educación Nacional, a través del sistema
general de participaciones, autorizó 21.000 cupos.
Así, la ciudad contrató a 97
operadores bajo la modalidad de contratación directa para que prestaran el
servicio de educación en la ciudad. Y allí aparecieron las denuncias. La
Fiscalía, informo el Vicefiscal, después de recibirlas, hizo las primeras
revisiones a seis contratos y halló que en ellos se decía que cada uno de los 3845
menores favorecidos en esos seis casos le costaba un millón de pesos al
municipio.
Curiosamente, los seis operadores
hicieron subcontrataciones con 33 operadores para prestar ese mismo servicio
por la mitad del valor que ya había pagado el municipio. Es decir, mientras el
municipio pagó el servicio a un millón de pesos por cabeza, estos contratistas
pagaron solo 500 mil pesos.
Los seis operadores vinculados a
la investigación son la Fundacion Perla ONG, Fundación Etnoeducativa del
Pacífico, Fundación Cooperativa del Pacifico, Corporación Mujeres del Pacifico
Defendiendo la Pobreza, Corporación Héroes del Saber y Corporación Gimnasio
Cooperativo del Pacífico.
Algunos de los contratistas son
empresas creadas pocos días antes de la firma de las convenciones para prestar
este servicio educativo y no poseen al menos los tres años de experiencia que
la ley exige. Los investigadores hallaron, dijo Perdomo, que se subcontrató con
33 operadores la prestación del servicio a la mitad del precio que pagó el municipio.
Asimismo, aparecieron niños
clonados y niños fantasma. Los mismos menores fueron hallados en varias listas
y en varios colegios, Además, surgieron nombres de servicios prestados para
menores de edad que nunca nacieron, “es decir, eran niños fantasma”, explicó
Perdomo. Además, los contratos se suscribían a 8 meses, cuando la ley decía que
debían hacerse por lo menos a diez meses.
Perdomo explicó que los delitos
que la Fiscalía les formulará son contrato sin cumplimiento de los requisitos
legales y peculado por apropiación.
La gravedad de la situación llevó
a la Fiscalía a revisar los otros 91 contratos que se suscribieron para superar
la emergencia educativa.
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